Corte Suprema de EE.UU. Escuchará demandas del Artículo III
La Corte Suprema de Estados Unidos pronto decidirá (en inglés) sobre dos demandas relacionadas con nacionalizaciones ocurridas en Cuba hace 65 años.
Las demandas fueron presentadas bajo el Artículo III de la Ley Helms-Burton de 1996, el cual permite a estadounidenses demandar a empresas que se beneficien de propiedades expropiadas durante la Revolución Cubana. El Artículo III fue suspendido por todos los presidentes estadounidenses hasta 2019, cuando Donald Trump activó la disposición, abriendo las puertas a decenas de demandas.
La semana pasada, la Corte aceptó revisar una demanda de Exxon-Mobil contra tres empresas estatales cubanas. Los jueces deberán decidir si estas empresas son responsables bajo la ley estadounidense o si están exentas bajo la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés), ley bajo la cual el caso fue desestimado en tribunales inferiores.
Un segundo caso que la Corte analizará involucra a los descendientes de Sosthenes Behn, un magnate de las telecomunicaciones que tenía una concesión sobre tres muelles en La Habana. Según The New York Times, Behn fue también el primer representante de las finanzas estadounidenses en reunirse con Adolf Hitler, y mediante inversiones en comunicaciones y armamento en Alemania ayudó a “fortalecer la maquinaria de guerra nazi”.
Lea más sobre esta oscura historia en nuestro artículo de investigación Billboards and Backchannels.
Los descendientes de Behn demandan a cuatro empresas de cruceros estadounidenses por haber utilizado los muelles habaneros entre 2015 y 2019, durante la histórica distensión de Barack Obama, antes de que Trump prohibiera los viajes de cruceros a la isla. En 2023, una jueza federal en Miami declaró responsables a las líneas de cruceros por más de 440 millones de dólares, pero el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito revocó la decisión el año pasado, señalando que el contrato de arrendamiento de la familia Behn habría expirado once años antes de la llegada de los cruceros a La Habana.
Un tercer grupo de demandantes (en inglés) espera que la Corte decida si aceptará su caso.
Aunque muchos de estos juicios han sido desestimados, varios siguen en apelación y podrían resultar lucrativos para los demandantes.
Los demandantes en ambos casos ante la Corte Suprema cuentan con el respaldo del gobierno de Trump, el cual dijo a la Corte (en inglés) que estas demandas promueven “objetivos de política exterior relacionados con Cuba.”
El caso de los cruceros también ha recibido el apoyo de políticos influyentes de Florida:
Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Debbie Wasserman Schultz, así como el senador Rick Scott, quienes instaron (en inglés) a la Corte a revocar el fallo del 11.º Circuito, argumentando que “socava la política exterior de nuestra nación hacia Cuba.”
Tres de las cuatro empresas demandadas tienen sede en Miami. Trump ha mantenido vínculos cercanos con la industria de los cruceros: entre 2018 y 2019, Carnival Corporation pagó más de un millón de dólares a cabilderos asociados a Trump, incluyendo al prominente recaudador de donaciones para Trump Brian Ballard, la ex fiscal general Pam Bondi, quien representó a Trump durante su juicio político, y Tandy Bondi, cuñada de esta última.
Pero estos intereses han sido superados por el bloque pro-sanciones de Florida. Una decisión favorable a los demandantes podría sentar precedentes legales que fortalezcan otras demandas bajo el Artículo III y generen más litigios, además de asestar otro golpe a la economía cubana, ya debilitada por las sanciones impuestas desde el primer gobierno de Trump.
La implementación del Artículo III en 2019 alejó a muchos inversionistas de la isla, temerosos de ser demandados en tribunales estadounidenses. Cuba podría volverse aún menos atractiva para la inversión extranjera si las empresas se enfrentan no solo a juicios, sino a perder cientos de millones de dólares.