La Corte Suprema falla a favor de herederos de un magnate vinculado al nazismo
El jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos asestó un revés a cuatro grandes compañías de cruceros, al dictaminar por 8 votos contra 1 que pueden ser consideradas responsables en virtud de la Ley Helms-Burton de 1996 por el uso de muelles del puerto de La Habana nacionalizados tras la Revolución Cubana. El fallo revocó una decisión de un tribunal de apelacionesque previamente había eximido a las compañías de hasta 440 millones de dólares en daños.
La demanda fue presentada por Havana Docks Corporation, que alega que se le debe compensación por parte de Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises. Las cuatro compañías usaron los muelles de La Habana durante la apertura hacia Cuba de la administración Obama.
Havana Docks, que solía estar dirigida por Sosthenes Behn, un magnate de las telecomunicaciones que fue el primer “representante de las finanzas estadounidenses” en reunirse con Adolf Hitler y “ayudó a construir la maquinaria de guerra nazi”, nunca fue propietaria de los muelles. En cambio, la empresa poseía un contrato de arrendamiento no exclusivo para operar un negocio de carga en los muelles, que estaba obligada a devolver al gobierno cubano en 2004, más de una década antes de que los cruceros comenzaran a traer visitantes estadounidenses a La Habana.
La opinión mayoritaria, emitida por el juez Clarence Thomas, adoptó una interpretación amplia del término "tráfico", argumentando que "propiedad" puede incluir un contrato de arrendamiento vencido. La única disidente, la jueza Elena Kagan, sostuvo que el Congreso no pretendía que las demandas con plazos limitados se utilizaran para alegar tráfico "indefinidamente y más allá".
El caso de Havana Docks fue posible gracias al Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar a compañías acusadas de “traficar” con propiedades cubanas nacionalizadas tras la revolución. El Título III fue suspendido durante 23 años por sucesivas administraciones para evitar conflictos legales con aliados de Estados Unidos que hacían negocios en Cuba. En mayo de 2019, Trump activó el Título III por primera vez desde la promulgación de la Ley Helms-Burton, convirtiéndolo en un elemento central de la campaña de "máxima presión" de su administración contra Cuba.
La activación del Título III no fue un cambio repentino de política, sino la culminación de una campaña de presión financiada por herederos de familias adineradas que alguna vez poseyeron propiedades en la Cuba prerrevolucionaria.
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