La OEA Investiga a las Misiones Médicas Cubanas
Reed Lindsay y Daniel Montero
Junio 20, 2025
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha enviado una carta a los estados miembros de la OEA solicitando que presenten información en un plazo de 30 días sobre las misiones de cooperación médica de Cuba en sus países.
Según Francesca Emanuele, asociada principal de política internacional del Centro de Investigaciones sobre Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), un centro de estudios de Washington, este es un hecho sin precedentes. También se produce en un momento en que la administración Trump está intensificando su campaña contra la cooperación médica cubana a nivel mundial, incluyendo sus amenazas de restringir las visas de funcionarios de gobiernos que han recibido equipos médicos cubanos.
“La CIDH puede estar actuando como un ejecutor para los Estados Unidos, una especie de brazo policial que impulsa la agenda de Washington de endurecer el bloqueo para tratar de derrocar al gobierno cubano”, dijo Emanuele, cuya investigación se centra en la OEA. “El momento es muy sospechoso, especialmente teniendo en cuenta el contexto, que pone en peligro a funcionarios públicos que están trabajando para ampliar el acceso a la asistencia sanitaria en sus países”.
La carta fue enviada el 20 de mayo por Javier Palummo Lantes, relator especial de la CIDH sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En la carta, Palummo presenta una larga lista de solicitudes de información sobre las misiones médicas cubanas pasadas y presentes, incluyendo detalles de los contratos, documentación sobre quejas legales e información sobre el personal médico que ha abandonado las misiones.
“Emitir una petición tan amplia a todos los países y anunciar que la información se hará pública parece malintencionado, impulsado desde fuera o peligrosamente ingenuo”, afirmó Emanuele.
La presión de EE.UU. sobre las misiones médicas rinde sus frutos
La carta de la CIDH se envió en medio de una campaña de EE.UU. para presionar a otros países para que dejen de recibir asistencia de profesionales de la salud cubanos, bajo el pretexto de su preocupación por los derechos humanos, alegando que los médicos cubanos son víctimas de “trabajo forzado”.
Sin embargo, investigaciones exhaustivas y entrevistas con los propios médicos cuentan una historia diferente. Aunque la información disponible indica que el Estado cubano se lleva la mayor parte de los pagos por las misiones en la mayoría de los casos, los médicos y enfermeros cubanos se ofrecen como voluntarios para las misiones y reciben en ellas salarios mucho mayores que en la isla.
Los equipos médicos cubanos suelen trabajar donde viven los más pobres, tanto en barrios urbanos como en zonas rurales remotas. Además, han sido enviados en respuesta a emergencias sanitarias internacionales como el ébola y el Covid, y a catástrofes naturales como los terremotos de Pakistán y Haití.
Cuba defiende desde hace tiempo el internacionalismo sanitario, en virtud del cual el personal médico cubano presta servicio en misiones en otros países. A su vez, miles de estudiantes del Sur Global estudian medicina gratuitamente en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de La Habana.
En años recientes, las misiones han generado miles de millones de dólares en ingresos a través de acuerdos con los países anfitriones, convirtiendo a la exportación de servicios médicos en la principal fuente de divisas del país. El gobierno cubano afirma que los ingresos son clave para ayudar a financiar la asistencia sanitaria universal y gratuita en la isla.
La propaganda y la presión diplomática de la administración Trump contra la cooperación médica cubana, junto con el endurecimiento de las sanciones, forman parte de su estrategia de “máxima presión” para lograr un cambio de régimen mediante el estrangulamiento económico.
El pueblo cubano es el que más sufre las consecuencias de estas políticas, pero los funcionarios de otros países también las están sufriendo. En febrero, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció restricciones de visado para los funcionarios de gobiernos (y sus familias) que han acogido a los equipos médicos cubanos. A principios de este mes, Rubio anunció que había restringido los visados de funcionarios centroamericanos no identificados.
Las amenazas de restringir los visados inicialmente desataron indignación en todo el Caribe. Varios jefes de gobierno desafiaron abiertamente a Estados Unidos.
Pero algunos gobiernos parecen estar cediendo. Bahamas anunció el lunes que cancelaría los contratos con médicos cubanos tras sus conversaciones con Washington. El ministro de Salud y Bienestar de Bahamas, Michael Darville, dijo que su gobierno intentaría “establecer contratos de trabajo directos” con el personal sanitario cubano en el país, pero indicó que ese nuevo acuerdo necesitaría la aprobación de la administración Trump.
“Los servicios que prestan en el país son necesarios, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores (de Bahamas) está actualmente en conversaciones con sus homólogos en Estados Unidos”, dijo Darville.
Mientras tanto, Guyana está reconsiderando su acuerdo con Cuba en respuesta a las demandas de Estados Unidos. “Estamos trabajando para garantizar que las personas que vienen aquí desde Cuba cumplen la definición, por lo que mencionó el Secretario de Estado estadounidense, de que las condiciones de trabajo aquí no incumplan los requisitos establecidos por Estados Unidos”, declaró el Vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, en una conferencia de prensa.
Una herramienta de la política estadounidense
La OEA ha sido durante mucho tiempo una herramienta de la política exterior estadounidense, apoyando a dictadores respaldados por EE.UU., como el chileno Augusto Pinochet, y las intervenciones armadas respaldadas por EE.UU., como el golpe de estado de 1954 que derrocó a Jacobo Arbenz, presidente democráticamente electo de Guatemala. Ante la insistencia de Estados Unidos, Cuba fue suspendida de la OEA tres años después de la revolución de 1959.
Estados Unidos perdió cierto control sobre la organización durante la Marea Rosa de la década de los 2000, cuando presidentes sudamericanos como Hugo Chávez, Evo Morales, Luiz Inácio Lula da Silva y los Kirchner se opusieron a la hegemonía estadounidense en la región.
Pero en 2015, la OEA dio un brusco giro a la derecha bajo el liderazgo de Luis Almagro, quien utilizó la organización para respaldar a políticos de extrema derecha de todo el mundo, desde el partido español Vox hasta el presidente argentino Javier Milei, y para apoyar a Israel, incluso mientras cometía genocidio en Gaza. Durante el primer mandato de Trump, Almagro dijo que no se debía descartar una intervención militar estadounidense en Venezuela, una posición que contradice los principios de la Carta de la OEA de no intervención y respeto a la soberanía nacional.
Almagro, que contó con un fuerte apoyo de la administración Trump y de cubanoamericanos de línea dura como Marco Rubio, también abrió las puertas de la OEA a destacadas figuras de la oposición cubana. Una de ellas, Rosa María Payá, fue nominada recientemente por Trump para formar parte de la CIDH.
La organización de Payá, Cuba Decide, está respaldada por numerosos grupos financiados por el gobierno estadounidense. Payá ha sido una firme defensora de las sanciones estadounidenses contra Cuba, las cuales han contribuido a la escasez de alimentos, medicinas y electricidad en la isla.
Almagro dejó el cargo hace tres semanas, siendo reemplazado por Albert Ramdin, diplomático surinamés electo con el firme apoyo de los países caribeños. Aunque Ramdin quiera cambiar el rumbo de la organización, sus opciones pueden ser limitadas, dado que su presupuesto está subvencionado en gran parte por el gobierno estadounidense. EE.UU. acoge la sede de la OEA y es su mayor contribuyente financiero, con más de 60 millones de dólares en 2024.