Sanciones de Trump expulsan empresas de Cuba mientras inversionistas estadounidenses buscan entrar
La más reciente ola de sanciones no se limitó al ICAP. Rubio también sancionó al Ministerio de la Construcción de Cuba y a otras ocho entidades vinculadas a los sectores de la minería, los metales y el transporte.
Entre las nuevas entidades incluidas en la lista de sancionados se encuentra la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, una instalación estatal dedicada al procesamiento de níquel y cobalto. La planta está ubicada a unos ocho kilómetros de Moa Nickel, S.A., donde la empresa canadiense Sherritt International explota níquel y cobalto desde la década de 1990 mediante una empresa mixta de la que posee el 50 %, en asociación con la estatal cubana Compañía General de Níquel.
Moa Nickel fue sancionada en virtud de la orden ejecutiva emitida por Donald Trump el 1 de mayo, que establece “sanciones secundarias” contra empresas no estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con entidades cubanas incluidas en las listas de sanciones.
La presión ejercida generó inmediatamente una posible oportunidad para un inversionista estadounidense con vínculos políticos.
Días después de que Moa Nickel fuera sancionada y Sherritt suspendiera sus operaciones en Cuba, Ray Washburne, exasesor de Trump que dirigió la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) durante la primera administración Trump, firmó un acuerdo preliminar para adquirir una participación mayoritaria en Sherritt.
Washburne y su esposa, Heather, copresiden el comité organizador de la convención de medio término del Partido Republicano, prevista para septiembre, a la que se espera que asistan Trump, el vicepresidente JD Vance y numerosos miembros del gabinete. Washburne declaró a Reuters que el comité ha recaudado 42 millones de dólares para financiar el evento.
Washburne ya no es el único inversionista radicado en Estados Unidos interesado en adquirir Sherritt. Un consorcio rival, integrado por un inversionista estadounidense principal cuya identidad no ha sido revelada, el comerciante de materias primas Glencore, la firma londinense Kyma Capital y el inversionista de fondos de cobertura Trifon Natsis, también compite por la misma participación del 55 % que busca adquirir Gillon Capital, la firma de Washburne.
Además del níquel y el cobalto cubanos, el oro también ha despertado el interés de inversionistas estadounidenses que buscan aprovechar las sanciones impuestas por la administración Trump.
El 4 de junio, la administración Trump sancionó a Minera La Victoria, una empresa mixta propiedad en partes iguales de la australiana Antilles Gold y la estatal cubana GeoMinera S.A.
Antilles suspendió la financiación y la gestión directa de la empresa mixta, paralizó durante una semana la cotización de sus acciones en la bolsa australiana y detuvo temporalmente las obras de construcción de su proyecto de oro y cobre Nueva Sabana.
A finales de junio, la compañía presentó al Departamento de Estado una propuesta para transferir al menos el 51 % de su filial con sede en las Islas Caimán, Antilles Gold Inc., a un inversionista estadounidense. Antilles declaróque se sentía “alentada” por la respuesta de Washington a comienzos de julio.