La orden de Trump sobre Cuba cobra su primera víctima
La compañía minera canadiense Sherritt International ha detenido sus operaciones en Cuba tras la orden ejecutiva de Donald Trump del 1 de mayo, que amenaza con sanciones contra individuos y entidades extranjeras que, según determinara el secretario de Estado Marco Rubio, hayan “operado” en cualquier “sector de la economía cubana”.
La empresa declaró el jueves que, aunque no había sido designada formalmente, la orden creó condiciones que alteran la capacidad de Sherritt para operar en Cuba. Según el comunicado, tres miembros de la junta directiva de la compañía renunciaron.
Uno de los mayores inversionistas en Cuba, Sherritt tenía una empresa conjunta con una compañía estatal cubana para extraer níquel y cobalto. Cuba posee reservas de cobalto estimadas en 1.100 millones de libras, las cuartas más grandes del mundo. El cobalto es un componente esencial de las baterías de vehículos eléctricos. Cuba también posee cantidades significativas de níquel, utilizado en la fabricación de acero inoxidable, aleaciones de alto rendimiento para la industria aeroespacial y baterías para vehículos eléctricos.
Isaac Saney, especialista en Estudios Negros y Cuba en la Universidad Dalhousie de Halifax, pidió a su gobierno invocar la Ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras (FEMA), una ley canadiense promulgada en 1984 para proteger a empresas y ciudadanos canadienses de la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras, especialmente las sanciones estadounidenses contra Cuba.
“Canadá debe elegir si defenderá su soberanía y defenderá el derecho internacional, o si permitirá subordinarse a los dictados extraterritoriales de una potencia extranjera”, escribió Saney en una publicación en Facebook.
La retirada de Sherritt, después de décadas operando en Cuba, marca la primera víctima de la amplia orden ejecutiva de la administración Trump. El Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba calificó la orden de Trump como una “nube tormentosa” sobre la isla diseñada para “infligir a escala global tanta aprensión, confusión, miedo e incertidumbre como sea posible”. El Consejo sugirió que compañías españolas, también importantes inversionistas en Cuba (la cadena española Meliá opera más de 30 hoteles en la isla), podrían pronto estar en la mira.
El vicepresidente y ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, dijo que España no había identificado ningún impacto sobre las empresas españolas “por ahora”.
Poco después de la retirada de Sherritt, la administración Trump tomó su primera medida en virtud de la orden ejecutiva, sancionando a Moa Nickel, la empresa conjunta de Cuba con la compañía canadiense, así como al conglomerado militar GAESA y a su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera. GAESA ya estaba sancionada, pero según la firma legal Akerman, las sanciones ahora pueden ampliarse a entidades y subentidades controladas por GAESA.
El Departamento de Estado advirtió sobre nuevas designaciones en los próximos días y semanas.